The Basic Principles Of Abogado penalista español en Atenas

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El proceso de extradición en Paraguay comienza con la solicitud del país receptor. El país receptor debe proporcionar una solicitud formal de extradición que incluya detalles sobre el delito y la persona acusada. Esta solicitud debe ser presentada por medio de la vía diplomática.

El hecho de que no pueda aceptarse voluntariamente antes la petición de extradición por parte de la persona afectada se basa en el hecho de que hasta este momento no habrá entrado todo el dossier en el Juzgado de Instrucción, solamente la famosa Nota Verbal a la que antes nos hemos referido y la escueta información que conste en la ficha de Interpol.

Para los Estados que formen parte del Segundo Protocolo al Convenio es de necesaria aplicación el art. 3 de dicho Protocolo, que excluye del ámbito de extradición los delitos ya sentenciados en rebeldía del acusado cuando el Estado requirente no pueda justificar que se hayan respetado los derechos mínimos de defensa.

En el Organismo Judicial, el juez competente evaluará si la solicitud cumple con los requisitos legales y si existe suficiente evidencia para proceder con la extradición. Además, se otorgará al acusado el derecho a la defensa y a presentar pruebas en su favor.

Por el no en la pregunta B: Renzo Troncoso, del Frente Alemania Extradición de sospechosos de terrorismo de la Unidad para Vencer, cree que la extradición no va a resolver el problema de la inseguridad en el país

Aunque Paraguay tiene leyes y procedimientos específicos para la extradición, existen algunas limitaciones que pueden impedir que se conceda la extradición. Estas limitaciones incluyen:

Si bien esta jurisprudencia que acabamos de citar del Tribunal Constitucional está referida solamente al propio orden constitucional, puede servir de foundation para pedir su extrapolación a otros órdenes.

Croacia ha estado trabajando arduamente para convertirse en miembro de la UE y, como resultado, ha tenido que cumplir con ciertos estándares internacionales. Esto ha incluido la reforma de su sistema judicial y la implementación de nuevas leyes de extradición.

Una vez recibida la solicitud, un juez español evalúa si se cumplen los requisitos legales y si existen garantías de que la persona a extraditar recibirá un juicio justo. Si se cumplen los requisitos, se emite una orden de detención provisional y se inicia el proceso de extradición.

Aunque la plan que anima este Tercer Protocolo es plausible, no lo es tanto el cauce procedimental que propone. Sostenemos lo anterior, porque si bien se permite que el ciudadano sobre el que pesa una orden de extradición pueda aceptar desde el primer momento dicha petición, y ahorrarse por ende una posible estancia como preso preventivo en nuestro país, no se reforma como sería preciso el procedimiento a fin de que desde el principio también el ciudadano y el Tribunal español deban de disponer de toda la documentación.

Se debe aclarar que cada país cuenta con su propio procedimiento interno de extradición en el que se definen las instancias a las que pueden acudir los extraditables.

El jurista indica que es clave que el Gobierno actual y la Corte Nacional de Justicia comprenda que el problema no es la Ley de extradición vigente, que se estaría contemplando actualizar, sino que lo necesario es suscribir nuevos tratados.

Esta figura legal no es nueva para el país, pese a que recién en el 2000 se creó como tal una ley que la regule. Ecuador ha firmado desde 1872 un full de seventeen tratados de extradición bilaterales y unos cinco multilaterales.